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Senador de Puerto Rico revela posible uso de Base Roosevelt Roads para apoyar intervención militar de Estados Unidos en Cuba

 


El vicepresidente del Senado de Puerto Rico trazó un paralelo directo con el papel que jugó la antigua base naval en la Operación Southern Lance del Comando Sur en la que participaron más de 8,000 soldados y culminó con el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

Redacción
CiberCuba
31 de octubre de 2026

SAN JUAN - El vicepresidente del Senado de Puerto Rico, Carmelo Ríos Santiago, suspendió el miércoles una vista pública sobre el futuro de la antigua Base Naval Roosevelt Roads, en Ceiba, tras revelar que había recibido información reservada sobre la posibilidad de que la isla sirva de plataforma de apoyo para una eventual operación militar estadounidense en Cuba, vinculada a la orden de arresto contra Raúl Castro.

Según informó el diario El Vocero de Puerto Rico, el senador —presidente de la Comisión de Relaciones Federales— fue explícito antes de cerrar los trabajos de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus.

«Hay un movimiento no autorizado para divulgación sobre la orden de arresto de Raúl Castro y la posibilidad de que Puerto Rico, como fue en el pasado para el efecto de Nicolás Maduro, sea una de esas bases de apoyo. Nosotros queremos tener un margen un poco más amplio de la información», sentenció.

Ríos Santiago trazó un paralelo directo con el papel que, según él, jugó Roosevelt Roads antes de la captura del entonces mandatario venezolano en enero de 2026, y señaló que los eventos «no están bajo nuestro control ni en nuestra jurisdicción».

«Basado en los eventos de la orden del presidente Trump, basado en información que no estamos autorizados, pero que parecería que conlleva que pudiera haber alguna intervención con Cuba, pues nosotros vamos a respetar esa directriz», agregó el también vicepresidente del Senado.

La vista examinaba la Resolución del Senado 286, coautoría del propio Ríos Santiago y la senadora Nitza Morán Trinidad, que ordena evaluar la viabilidad del reúso de la base para fines de seguridad nacional por parte del Ejército de EE.UU.

Ante la información recibida, los presidentes de ambas comisiones acordaron suspender los trabajos y excusaron a los testigos convocados, entre ellos el secretario de Desarrollo Económico, Carlos J. Ríos Pierluisi, y el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez.

La investigación continuará con una visita ocular a las instalaciones programada para el 6 de noviembre, precedida de una reunión ejecutiva para analizar cualquier información que surja del Departamento de Defensa o del propio DDEC.

La senadora Morán Trinidad respaldó la decisión: «Es meritorio entender qué está pasando y cómo eso repercute en Puerto Rico. Esta resolución nos da pie a seguir investigando cómo se va a utilizar la base Roosevelt Roads».

Las declaraciones del legislador boricua se producen en un momento de escalada sostenida. Roosevelt Roads, cerrada en 2004 tras las protestas por el uso de Vieques como campo de bombardeo, fue reactivada en noviembre de 2025 con una inversión proyectada de 79 millones de dólares.

Entre mayo y agosto de este año, más de 8,100 soldados realizaron maniobras en la isla en el marco de la Operación Southern Lance del Comando Sur (SOUTHCOM), y el gobierno puertorriqueño firmó un acuerdo con la Marina para el uso logístico de la base junto a las instalaciones de Ramey y Muñiz.

El telón de fondo judicial es la orden de arresto firmada el 16 de octubre por una jueza federal de Miami contra Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.

El régimen cubano rechazó la acusación: Díaz-Canel la calificó de «patético circo miamense» y el canciller Bruno Rodríguez la describió como un «acto infame y estéril».

Este sábado también trascendió que Trump prometió que ningún Castro seguirá en el poder cuando concluya su mandato, fijó un plazo de «dos años y medio» y evocó la captura de Maduro como precedente, aunque sin anunciar formalmente ninguna operación militar.\

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