Un chat ignorado y dos años sin cargos
La exestudiante Jane Doe demandó civilmente a siete miembros de Chi Phi por haberla drogado y agredido sexualmente; el escándalo forzó al fiscal del condado de Tompkins a llevar el expediente ante un gran jurado
Joaquín Bahamonde
infobae.com
28 de septiembre de 2026
NUEVA YORK - En la noche del 19 de octubre de 2024, una estudiante de 20 años llegó a la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York
Lo que ocurrió entre esa noche y la madrugada del día siguiente —según su relato— fue una agresión sexual en grupo que se prolongó hasta las 5:45 de la mañana.
Durante dos años, ninguno de los siete hombres señalados enfrentó cargos penales. Ahora, la fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación y prevé presentar el caso ante un gran jurado, según informó ABC News.
La fiscalía reactivó el expediente tras dos años sin cargos penales
El detonante fue una demanda civil de 101 páginas presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por la víctima, identificada como Jane Doe, contra la Universidad de Cornell, siete miembros de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos un local nocturno de Ithaca, Moonies Bar & Nightclub, al que la demanda responsabiliza por haber servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.
El escándalo que generó el escrito forzó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reconocer públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.
“Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso”, dijo el fiscal en declaraciones a ABC News.
Doe dice que fue drogada sin saberlo; la fiscalía sostiene que no lo declaró así en 2024
La brecha entre el expediente policial original y lo alegado en la demanda abre una de las tensiones centrales del caso.
El fiscal sostuvo que, en su declaración inicial, Doe admitió haber consumido drogas y alcohol de manera voluntaria y con conocimiento previo. También señaló que ella no afirmó haber sido forzada a realizar ningún acto ni indicó en ningún momento que estuviera inconsciente o incapacitada. Con base en esa declaración, la fiscalía concluyó que no había elementos suficientes para avanzar penalmente.
Thomas Giuffra, abogado de Doe, rechazó esa caracterización y apuntó directamente a las deficiencias del procedimiento.
Doe presentó su denuncia ante la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después del presunto ataque.
La investigación interna bajo el Título IX comenzó en enero de 2025. Según Giuffra, Doe nunca fue contactada por un detective especializado ni por la fiscalía tras realizar la denuncia: “Hablar con una sobreviviente de abuso requiere delicadeza, comprensión y formación especializada. Un oficial universitario promedio no tiene esas habilidades”, sostuvo.
El chat de Snapchat, una prueba que la fiscalía dice no haber recibido
Un elemento de peso en el escrito judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina.
Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en 2024: “Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento”.
La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.
Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad.
Kretzschmar, por su parte, negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: “Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal”.
Cornell impuso sanciones pero la víctima dejó sus estudios
Tras una investigación que incluyó al menos 12 audiencias internas, según informó CBS News, Cornell determinó que dos de los siete acusados serían expulsados, mientras que otros recibieron suspensiones y medidas disciplinarias adicionales. La universidad también clausuró la sede de Chi Phi en Cornell y le prohibió seguir funcionando en el campus.
Sin embargo, la magnitud de las consecuencias institucionales contrasta con la situación de Doe, que abandonó la institución sin completar su carrera y, según Giuffra, “apenas logra sostenerse a raíz de lo que estos hombres le hicieron”.
La sede nacional de la organización emitió un comunicado en el que rechazó “inequívocamente” la violencia sexual y afirmó que sus principios fundacionales son incompatibles con ese tipo de conductas, aunque aclaró que no podía referirse a las acusaciones específicas durante el litigio civil en curso.
La universidad respaldó al fiscal y cuestionó la narrativa sobre sus sanciones
Cornell reaccionó al movimiento de la fiscalía con una declaración en la que respaldó la decisión de Van Houten de llevar el caso al gran jurado. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que describían las consecuencias internas como menores.
“Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos significativos es falsa”, señaló el comunicado, que también cuestionó que se haya afirmado públicamente que algunos de los acusados solo tuvieron que escribir ensayos como única consecuencia.
Trae Banuelos-Rovaris, representante de la Alianza Contra la Violencia Sexual, recordó que en Nueva York existen alrededor de 54 centros de atención a víctimas de agresión sexual orientados a trabajar con estudiantes universitarios.
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