Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dirigió su arsenal político contra los movimientos comunistas e independentistas de Puerto Rico en un capítulo poco conocido de lo que a menudo se denomina "macartismo".
Tim Frasca
Democratic Left
21 de octubre de 2026
SAN JUAN - La histeria anticomunista posterior a la Segunda Guerra Mundial azotó Puerto Rico mediante ataques legales y las artimañas clandestinas de J. Edgar Hoover. Si bien el FBI encontró una resistencia inesperada, esta estrategia consolidó la condición de Puerto Rico como un "estado libre asociado" sin poder real.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dirigió su arsenal político contra los movimientos comunistas e independentistas de Puerto Rico en un capítulo poco conocido de lo que a menudo se denomina «macartismo». El autor de esta reveladora historia sobre cómo se desarrolló el Miedo Rojo en Puerto Rico discrepa de dicho término, argumentando que la represión se desató mucho antes de las intervenciones del infame senador de Wisconsin, que buscaban acaparar la atención mediática. El relato de Howell ilumina las motivaciones interrelacionadas del Estado imperial estadounidense, preocupado por un activo estratégico clave, y el temor de las élites continentales a la agitación laboral tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, así como el racismo subyacente que impregnaba sus actitudes.
La importancia de Puerto Rico como principal foco de represión política suele omitirse en muchas historias de ese período. Howell, quien desenterró la historia del acoso del FBI a su padre, nacido en Estados Unidos, ofrece una necesaria corrección. Detalla cómo la persecución legal, el espionaje, la infiltración y el hostigamiento impidieron que la isla lograra la independencia y la mantuvieran como un activo militar útil y un refugio para las empresas estadounidenses con una fuerza laboral marginada.
La experiencia puertorriqueña de la represión de Hoover tuvo características únicas, en parte porque el estatus de la isla era ficticio: los líderes estadounidenses consideraban a Puerto Rico un territorio "no incorporado" desde su anexión a España en 1902 (junto con Cuba y Filipinas). Mientras los expertos elogiaban el repentino y extenso imperio como una oportunidad para llevar la civilización occidental a pueblos supuestamente menos avanzados, los conquistadores también notaron la ubicación estratégica de Puerto Rico como puerta de entrada a todo el Caribe. La isla se convirtió rápidamente en una fuente de reclutas militares y en sede de una importante base naval estadounidense, mientras que sus dos islas principales, Vieques y Culebra, sirvieron como campos de pruebas de municiones, una vez desalojadas de unos 10.000 habitantes cuyas casas obstaculizaban el paso.
Pero para lograr todo esto, Washington tuvo que superar un problema de relaciones públicas: el presidente Franklin D. Roosevelt había firmado la Carta del Atlántico de 1941 con Winston Churchill, prometiendo una nueva era de relaciones internacionales que rechazara la anexión forzosa de territorios y respetara la autodeterminación nacional. Los líderes estadounidenses eran sensibles al impulso de descolonización del período de posguerra, en el que surgieron decenas de nuevos estados de los imperios europeos. Estados Unidos se presentaba como distinto de los europeos, libre de la influencia colonial directa, pero decidido a no dejar escapar la isla, estratégicamente ubicada, de su control.
¿Qué hacer ante esta evidente anomalía? ¿Cómo conciliar una postura anticolonial con el hecho innegable del control estadounidense sobre Puerto Rico? Una respuesta fue mantener una ambigüedad legalista y semántica: negarse a admitir que Puerto Rico era una colonia, pero dejar su naturaleza (y su naturaleza) en un limbo identitario. Estados Unidos estaba decidido a controlar efectivamente lo que sucedía en la isla, sin reconocer jamás explícitamente que sus habitantes carecían de una autonomía significativa. El estatus legal de Puerto Rico había dado lugar durante mucho tiempo a acrobacias lingüísticas involuntariamente cómicas, como la sentencia del Tribunal Supremo de 1901 que describía a la isla como «extranjera para Estados Unidos en un sentido interno». La isla no era un estado ni un territorio, y sin embargo, se eludió hábilmente la opción de la independencia. Finalmente, se adoptó el vago estatus de «Estado Libre Asociado» mediante la colaboración con figuras influyentes locales, en particular con el primer presidente electo de la isla, Luis Muñoz Marín.
Una de las maneras en que se mantuvo la sumisión de la isla fue mediante la represión de los movimientos de izquierda e independentistas, específicamente el Partido Comunista Puertorriqueño (PCP) y el Partido Proindependentista (PIP). J. Edgar Hoover ordenó al FBI que vigilara al PCP incluso antes de la guerra, preocupado por su papel en los sindicatos de la isla, que habían logrado importantes avances para los trabajadores. La agitación nacionalista también había sido fuerte, y Estados Unidos no dudó en usar la fuerza letal contra los manifestantes independentistas en la década de 1930, causando la muerte de dos docenas de personas.
La represión contra objetivos nacionalistas y comunistas adoptó distintas formas a lo largo de tres fases. Las dos primeras se caracterizaron por ataques legales directos mediante la propia "Ley Mordaza" de la isla, seguida de su sucesora continental, la Ley Smith (oficialmente "Ley de Registro de Extranjeros", que ilustra el papel del prejuicio antiinmigrante y la asociación de ideas de izquierda con importaciones extranjeras). Ambas leyes criminalizaban la pertenencia a partidos políticos que abogaban por el derrocamiento del gobierno "por la fuerza y la violencia" y se utilizaron para procesar a líderes nacionalistas y comunistas puertorriqueños.
La principal herramienta del Congreso para la persecución de la izquierda fue el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes (HUAC), creado en 1938 para combatir el New Deal y, específicamente, para investigar la Junta Nacional de Relaciones Laborales. No por casualidad, el senador Howard W. Smith representaba a Virginia y era un importante defensor de la segregación. El propio Hoover estaba obsesionado con la actitud despreocupada de los comunistas hacia la "mezcla racial", lo cual se reflejó en memorandos internos del FBI que señalaban esta práctica entre los puertorriqueños.
Las leyes Mordaza y Smith mantuvieron a comunistas y otros radicales enfrascados en batallas legales, con el riesgo de recibir condenas de hasta 20 años. Finalmente, los juicios se desmoronaron después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, por un estrecho margen, la persecución por creencias políticas en la sentencia de 1957 del caso Yates contra Estados Unidos. Sin embargo, el impacto en las víctimas fue profundo; algunas pasaron meses en prisión sin poder pagar las fianzas excesivamente altas. Una de ellas, Deusdedit Marrero, fue arrestada tres veces en 1950 «por recolectar firmas para apoyar una apelación contra la bomba atómica» y, posteriormente, por simpatizar con un levantamiento nacionalista. Al ser liberado en 1952 por falta de pruebas, Marrero pesaba solo 43 kilos y había sufrido una crisis nerviosa. Vivió gran parte de los siguientes 50 años en la calle, durmiendo cerca del tribunal federal de San Juan, incapaz de regresar a su ciudad natal porque «se sentía atrapado y seguía temiendo la persecución».
Sin opciones legales tras el desfavorable fallo de la Corte Suprema, Hoover cambió rápidamente de estrategia y recurrió a tácticas clandestinas del programa COINTELPRO. Infiltró agentes en grupos de izquierda, fomentó la hostilidad entre sus miembros acusando a otros de ser informantes de la policía, impidió secretamente que ciertas personas obtuvieran empleos o incluso provocó su despido, y explotó las relaciones personales.
Howell relata un episodio particularmente nefasto: la entrevista del FBI a la primera esposa de su padre, Bee Howell, a quien no le gustaban las ideas ni las actividades políticas de su exmarido. Ella presentó una declaración jurada firmada sobre la relación de Brandon Howell con el PCP y mencionó a varios supuestos líderes de dicho grupo. Estas acusaciones fueron cruciales para que el FBI pudiera presentar cargos en virtud de la Ley Smith, ya que gran parte de su actividad de espionaje no constituía prueba admisible.
Mientras tanto, el Congreso había avivado su histeria anticomunista a través del Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) y su homólogo en el Senado, el Subcomité de Seguridad Interna. Sin embargo, cuando los líderes del HUAC intentaron llevar su cruzada anticomunista a Puerto Rico en 1959, el estatus ambiguo de la isla les causó problemas. Los acusados que comparecieron ante el comité argumentaron, con éxito, que el mandato del comité se aplicaba únicamente a los estados de la unión, no a Puerto Rico. (Un juez finalmente les dio la razón).
Además, muchos isleños se sintieron ofendidos por la presencia de una expedición de gringos segregacionistas y se movilizaron para apoyar a los acusados. Numerosas manifestaciones hostiles recibieron a los políticos estadounidenses, mientras que el desarrollo de los procedimientos en la sala de audiencias provocó oleadas de hilaridad y burla. La misión del Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) se interrumpió y los supuestos cazadores de brujas jamás regresaron.
Al final, la campaña de Washington para neutralizar el deseo de los puertorriqueños de lograr la independencia tuvo éxito. Tras décadas de dependencia y subdesarrollo, Puerto Rico cayó en la servidumbre total en 2016, cuando sus finanzas colapsaron y Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, transfirió todas las decisiones presupuestarias a una nueva Junta de Supervisión y Administración Financiera con sede en Nueva York. Esta junta impuso una estricta austeridad en la isla para reducir su déficit fiscal, lo que provocó el cierre de un tercio de las escuelas, entre otros desastres. La red eléctrica de la isla ahora es de propiedad privada (aunque los apagones siguen siendo frecuentes).
El relato de Howell nos recuerda con crudeza la facilidad con que las actividades políticas —y las ideas que las sustentan— pueden ser vilipendiadas y demonizadas al vincularlas con los miedos de la gente. La percepción popular del comunismo se transformó rápidamente, a través de una propaganda alarmista, de una ideología incomprendida al supuesto credo secreto de una camarilla de espías empeñados en subvertir el «estilo de vida estadounidense». La implacable campaña de Hoover para negar a los izquierdistas incluso los medios mínimos para subsistir a menudo logró llevar a las personas al límite psicológico y destrozar sus vidas familiares.
No obstante, Puerto Rico también ha demostrado una larga historia de lucha contra su condición de subordinado, con resultados significativos. La humillación sufrida por el Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) al importar la cruzada anticomunista a la isla representó la resistencia más exitosa y unificada que el comité experimentó en toda su existencia. Además, tras décadas de esfuerzos, los puertorriqueños y sus aliados lograron poner fin a la devastación ecológica que el ejército estadounidense había infligido a las islas de Culebra y Vieques.
La experiencia puertorriqueña resulta oportuna por otra razón: décadas después de que Estados Unidos, con la aquiescencia mundial, sometiera permanentemente a la isla a la condición colonial, el tema de la soberanía ambigua ha resurgido con fuerza. A principios de este año, Trump ordenó a las tropas estadounidenses secuestrar a un jefe de Estado en funciones y tomar el control de su tesoro. Los ingresos petroleros de Venezuela ahora van a parar a bancos en Nueva York. ¿Es Venezuela un protectorado estadounidense? ¿Se convertirá en una colonia? ¿Un territorio no incorporado? ¿Un estado libre asociado? Al permitir que Estados Unidos ignorara el proceso de descolonización en el caso de Puerto Rico, las Naciones Unidas sentaron un precedente para cualquier decisión que Washington tome.
Los artículos firmados no representan necesariamente las opiniones de DSA ni del consejo editorial de Democratic Left. Los miembros de DSA pueden comentar los artículos y dar su opinión sobre el tema en cuestión en los foros de DSA.
Tim Frasca es miembro de la sección de Nueva York de la DSA (Demócratas de América Latina) y editor asociado de libros de Democratic Left (Izquierda Democrática).
Enlace a artículo de Democratic Left
Comentarios
Publicar un comentario