La financiación del terrorismo: el caso de la cementera Lafarge

En julio de 2016, el periódico francés Le Monde denunció que la cementera Lafarge había tenido relación directa con diversas organizaciones yihadistas.

Luis Antonio González Francisco
Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo
22 de abril de 2026

«Para el tribunal, es evidente que el único propósito de la financiación de una organización terrorista era mantener operativa la planta siria por motivos económicos. Los pagos a entidades terroristas permitieron a Lafarge continuar con sus operaciones». Estas declaraciones fueron realizadas el 13 de abril de 2026 por la magistrada Isabelle Prevost-Desprez, presidenta del tribunal de París, quien declaró culpables a ocho exempleados de la cementera Lafarge. Entre ellos se encontraba el exdirector ejecutivo Bruno Lafont, quien fue condenado a seis años de prisión. La corte consideró probado que la multinacional francesa pagó millones de dólares en sobornos a grupos yihadistas, incluido Daesh (ISIS), lo que facilitó el mantenimiento de sus operaciones en Siria durante la guerra civil que asoló el país.

Para conocer el origen de esta historia debemos retroceder hasta el 22 de julio de 2016, fecha en la que el rotativo francés Le Monde llevaba a su portada cómo una pujante empresa gala, la cementera Lafarge, había tenido relación directa con diversas organizaciones yihadistas al menos durante algo más de un año, entre 2013 y 2014, para seguir manteniendo la producción en la zona.

Años antes, en 2007, Lafarge había empezado a operar en Siria a través de una filial llamada Lafarge Cement Syria (o Lafarge Al-Furat), resultado de una asociación con el grupo local Al-Furat. Las instalaciones de Jalalabiya eran el activo principal de esta operación. La planta renovada inició su actividad en el año 2010 con la capacidad de producción de 2,6 millones de toneladas de cemento anuales en una época en la que la producción de este material se encontraba en plena expansión. La seguridad del recinto estaba en un principio a cargo de fuerzas leales al Ejército sirio hasta el verano de 2012, fecha en la que se hicieron cargo de la misma las milicias del Partido Kurdo de la Unión Democrática (PYD). Hasta el año 2013 la producción se mantuvo pese a la inestabilidad reinante en un país que se encontraba inmerso en una cruenta guerra civil desde 2011. A partir de esa fecha tuvo lugar una ralentización de la misma, aunque coincidió en el tiempo con un importante aumento del coste del cemento: un saco de 50 kg de ese material cuyo precio oscilaba entre 250 y 300 libras sirias pasó a cotizarse en torno a las 550.

La ciudad siria de Raqqa, situada a 90 km de la fábrica, se convirtió en la capital del «califato» cuando cayó en manos de Daesh (ISIS) en junio del año 2013. Nueve meses después, la organización terrorista tomó el control de Manjib, una localidad en la que residían la mayor parte de los trabajadores de Lafarge. Por aquel entonces, dicha empresa trataba de garantizar la seguridad de sus empleados, así como de mantener las rutas abiertas para sus mercancías tanto de entrada como de salida. En ese orden de cosas, un individuo llamado Ahmad Jaloudi fue a Manjib en calidad de enviado de Lafarge, aunque no figuraba en el organigrama de Lafarge Syri, con el objetivo de obtener autorizaciones de Daesh (ISIS) para el tránsito de trabajadores a través de los checkpoints bajo su control.

Un correo electrónico de Ahmad Jaloudi datado el 29 de junio de 2014 reflejaba cómo este le comunicaba al director de recursos humanos de Lafarge Syrie, Mazen Shiek Awad, que acababa de regresar de Raqqa y que no había podido reunirse con un «alto responsable» de Daesh (ISIS) ya que en ese momento este se encontraba en Mosul sin aclarar el objeto de tal encuentro. En otro correo de fecha 28 de agosto de 2014, Ahmad Jaloudi explicaba al directivo de Lafarge Syrie Frédéric Jolibois los esfuerzos que continuaba realizando para obtener las preceptivas «autorizaciones» de Daesh. Un mapa confeccionado en la primavera de 2014 según informaciones recopiladas por Ahmad Jaloudi y al que el diario Le Monde afirmó haber tenido acceso, indicaba las rutas a seguir por los camiones de Lafarge: Jalalabiya-Manjib-Alepo-Sarakeb y Jalalabiya-Tal Abiad-Raqqa-Deir-ez-Zor-Albou Kamal, localidades que se encontraban total o parcialmente bajo control de Daesh.

A raíz de este acuerdo, se encuentra el salvoconducto con el sello de Daesh (ISIS) de fecha 11 de septiembre de 2014 que indicaba a «los hermanos combatientes» de los checkpoints que permitiesen el paso del camión de la fábrica Lafarge en virtud de un acuerdo con la empresa para el comercio de ese material. El pase, que finalizaba con un lacónico: «Todo documento que no esté sellado no es válido para pasar los checkpoints», estaba firmado por el director de finanzas de la wilayat (provincia) de Aleppo. Según el periodista Wasim Nasr, citado por Le Monde, el Bayt Al-Mal, una suerte de ministerio de hacienda del «califato», es el encargado de gestionar los recursos adquiridos en las diferentes «provincias».

Según un antiguo empleado de Lafarge, la planta necesitaba para su funcionamiento una gran cantidad de combustible. Sirva como ejemplo que el horno rotatorio funciona a una temperatura de 1450 grados centígrados. Por tanto, Lafarge no tenía otra elección que comprárselo a Daesh ya que controlaba todas las fuentes de producción desde Raqqa a Deir ez-Zor.

El 9 de septiembre de 2014 un individuo llamado Ahmad Jamal se dirigió mediante un correo, escrito en un deficiente inglés al directivo de Lafarge Syrie, Frédéric Jolibois, indicándole que desde hacía dos meses no habían recibido la suma de 765.000 libras sirias (unos 30.000 euros) necesaria para pagar a los proveedores que trabajaban para «el ejército islamista más fuerte sobre el terreno». Según antiguos empleados de Lafarge, este personaje originario de Raqqa mantenía estrechos vínculos con Daesh y con diferentes suministradores y aseguraba un aprovisionamiento continuo de petróleo por el que Lafarge pagaba un precio elevado, aunque a cambio obtenía una relativa seguridad para continuar con sus actividades.

La reciente sentencia judicial impuesta sobre Lafarge no hace sino corroborar que el mantra repetido hasta la saciedad desde diferentes foros de la necesidad real de cortar las vías de financiación de las organizaciones terroristas en ocasiones como esta parece quedar reducido a una mera prédica en el desierto. La pervivencia de cualquier organización terrorista está directamente influenciada por los recursos financieros de los que pueda disponer y, como en este caso, mientras personas y/u organizaciones sigan aplicando con un macabro sesgo el aforismo «nada personal, sólo negocios», estarán contribuyendo de manera efectiva tanto a sostenerlas en el tiempo como al mantenimiento de sus capacidades operativas.

Enlace a artículo del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo