Los cárteles chocan con la ofensiva estadounidense

El Cártel de los Soles se convierte en un símbolo de la criminalidad fusionada con el Estado, presuntamente compuesto por la élite militar y gubernamental, acusada de apoyar a organizaciones criminales transnacionales

Redacción
The Latin American Post
11 de enero de 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de las fuerzas estadounidenses, Donald Trump la presentó como el primer paso en una guerra más amplia contra el narcoterror. Sin embargo, en Venezuela y en toda la región, las etiquetas Cártel de los Soles y Tren de Aragua transmiten política, miedo y verdades inciertas.

Una redada en Caracas y una narrativa en Washington

La imagen, un presidente en funciones capturado en su propia capital, funciona tanto como un poderoso símbolo político como una realidad vivida. El sábado, el presidente Trump declaró que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante el operativo militar en Caracas formaba parte de una ofensiva calculada destinada, entre otros objetivos, a desmantelar el Cártel de los Soles, que atribuyó al liderazgo de Maduro. Este planteamiento pone de relieve la lógica estratégica de vincular las acusaciones criminales con acciones estatales de alto perfil, conectando los acontecimientos inmediatos con una intención política más amplia.

Para Estados Unidos, este marco estratégico transforma a Venezuela de un estado autoritario sancionado a un nuevo campo de batalla en una campaña en expansión contra el narcoterrorismo. El Cártel de los Soles, como se describe, se convierte en un símbolo de la criminalidad fusionada con el Estado, presuntamente compuesto por la élite militar y gubernamental, acusada de apoyar a organizaciones criminales transnacionales. Caracas, por su parte, repudia estas acusaciones, revelando la disputa por la narrativa y la legitimidad en el corazón del conflicto.

El nombre en sí siempre ha sonado a folclore con una navaja dentro. Proviene de las insignias solares que portan los generales venezolanos, símbolos de rango que se han convertido en una metáfora de una red. Las primeras acusaciones públicas se remontan a 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el narcotráfico. A partir de ahí, la idea de un "cártel" circuló por la política venezolana como un cuento de fantasmas: susurrada, instrumentalizada, desestimada y luego revivida cada vez que Washington necesitaba una narrativa contundente.

En 2025, según el texto, Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE), tras haberlo clasificado previamente como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED). No se trató de un trámite burocrático abstracto. Fue una declaración pública sobre quién controla el Estado venezolano y para qué se utiliza dicho control.

En el mismo extracto del documento incluido en el texto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida "expone aún más" lo que denominó "la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro" a través de grupos como el Cártel de los Soles, y prometió una mayor presión sobre el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores. El lenguaje es relevante porque traza una línea directa entre las redes criminales y la justificación del uso de la fuerza a nivel estatal.

La Taxonomía del Terror y la Política de Designación

El texto describe al Tren de Aragua como un grupo criminal transnacional originario de Venezuela, considerado la pandilla más poderosa del país. Nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, donde se consolidó bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el "Niño Guerrero". Su estructura, jerárquica y disciplinada, se replicó más allá de los muros de la prisión y se expandió, especialmente a partir de 2018, por Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y, más recientemente, España y Argentina.

El texto argumenta que dicha expansión se produjo a costa de los migrantes venezolanos que huían del país, un detalle fácil de distorsionar si se busca una historia de villanos limpia. La migración no es criminalidad, pero los grupos criminales pueden parasitar el desplazamiento masivo. El texto afirma que la pandilla supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en varios países sudamericanos, explotando la desesperación de las personas que cruzaban las fronteras, cobrando extorsiones e insertándose en las economías de tráfico y trata de personas. En las zonas fronterizas, luchaba por el control de los cruces clandestinos, las trochas y los mercados criminales que se agrupaban a su alrededor. El mito de la pandilla creció en parte porque el propio Estado, según el texto, practicaba una política no oficial de entregar el control de ciertas prisiones a jefes criminales conocidos como pranes. Bajo el gobierno de Niño Guerrero, Tocorón se hizo famoso, al parecer albergando un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y una discoteca; detalles que suenan absurdos hasta que se recuerda cómo la gobernanza penitenciaria puede colapsar cuando el Estado negocia con la violencia.

En septiembre de 2023, el gobierno venezolano envió 11.000 policías y militares, respaldados por vehículos blindados, para asaltar Tocorón y retomar la prisión. El texto indica que los líderes escaparon y las células transnacionales continuaron operando. El ataque pareció el fin de una era. En cambio, pudo haber sido un punto de inflexión, convirtiendo una jerarquía carcelaria en una red más dispersa capaz de sobrevivir fragmentándose.

Estados Unidos ha incorporado esta historia criminal a su propio manual de estrategia política interna. El texto afirma que, en febrero de 2025, Washington designó tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGDE), y describe al Tren de Aragua como involucrado en el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, el tráfico, la extorsión, la explotación sexual y el lavado de dinero. Señala que el Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas, así como de la violencia generalizada.

Luego viene la afirmación políticamente más explosiva del texto: que en marzo de 2025, la Casa Blanca invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, afirmando que el Tren de Aragua había "invadido" Estados Unidos bajo la dirección de Maduro. Bajo esa lógica, cientos de migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador por presuntos vínculos con la pandilla, a menudo sin presentar pruebas concretas. En la memoria de Latinoamérica, esto se lee como un patrón familiar: una etiqueta criminal que se expande hasta convertirse en una herramienta de política migratoria, con la gente común atrapada en la red.

Ecos Regionales de Buenos Aires a La Habana

Las designaciones no se distribuyen uniformemente en todo el hemisferio. El texto indica que gobiernos como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú respaldaron la decisión de Estados Unidos de clasificar al Cártel de los Soles como organización terrorista, mientras que Venezuela y Cuba rechazaron la acusación, calificándola de "invención" o "fetiche" de Washington.

Esta división no es meramente ideológica. También se relaciona con la proximidad a la violencia, la alineación política y la necesidad nacional de ser percibidos como "duros" en una región que ha convivido durante décadas con el crimen organizado. Vincular a Maduro con el narcoterrorismo ofrece una explicación fácil para los gobiernos que buscan enmarcar la política de seguridad como una lucidez moral.

El texto también señala que, en el contexto de la designación para 2025, Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro y otros miembros del presunto grupo. Hasta principios de 2026, señala, el Cártel de los Soles permaneció bajo investigación y acusaciones internacionales, especialmente tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, que los gobiernos de Argentina y Ecuador vincularon directamente con la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

En este contexto, la captura funciona como algo más que un evento aislado; se vuelve central en la narrativa de una campaña, subrayando cómo las victorias simbólicas refuerzan las agendas políticas.

Pero la postura del Estado venezolano, como se describe en el texto, es rotunda: niega las acusaciones, insiste en que el Tren de Aragua fue desmantelado y "derrotado", y presenta las denuncias internacionales como una agresión política. Esta negación coexiste con otros detalles del texto que citan informes de seguridad regionales y evaluaciones de InSight Crime que indican que el Tren de Aragua sigue siendo una amenaza activa, descrito como el actor criminal local más poderoso de Venezuela, presente en al menos 16 estados, con más de 100 investigaciones federales abiertas en Estados Unidos.

Incluso la historia del liderazgo de la pandilla se lee como una tensión sin resolver. Niño Guerrero escapó antes del operativo de septiembre de 2023 y sigue prófugo. El texto indica que el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 3 millones de dólares en julio de 2024 por información sobre Giovanny San Vicente, conocido como "Giovanny" o "El Viejo", lo nombra como uno de los tres líderes y sugiere que la inteligencia estadounidense cree que figuras clave podrían estar ocultas en Colombia. La incertidumbre geográfica no es casual. Es lo que hace que la pandilla sea temida y difícil de derrotar: una amenaza que puede estar en todas partes porque nunca se la localiza por completo.

Lo que cambia ahora, tras la captura de un presidente, es la magnitud de las consecuencias. Cuando un estado es descrito públicamente como un cártel, todas las instituciones se vuelven sospechosas: el ejército, la inteligencia, el poder legislativo y los tribunales. El texto afirma explícitamente que el presunto cártel corrompió a sectores del estado venezolano para traficar narcóticos a Estados Unidos. Esta es una acusación no solo de criminalidad, sino de un gobierno capturado, una afirmación que, de aceptarse, convierte el derecho internacional en un instrumento más contundente.

En toda Latinoamérica, la gente comprende lo que sucede cuando el lenguaje de la seguridad se expande sin restricciones. Puede justificar redadas. Puede justificar deportaciones. Puede justificar una nueva generación de intervenciones disfrazadas de necesidad moral. Y también puede ser utilizado por gobiernos autoritarios para desestimar cualquier crítica como agresión extranjera.

Por eso, la historia de Venezuela en 2026 no solo trata sobre la existencia de redes criminales (sí existen, y el texto las describe en detalle), sino también sobre lo que sucede cuando esas redes se fusionan con la identidad del propio Estado. En el espacio entre Caracas y Washington, las etiquetas se convierten en armas, y la gente común, los migrantes en el camino, las familias sancionadas, las comunidades que viven bajo la extorsión, se ven obligados a absorber las consecuencias de una batalla que no eligieron.

Enlace a artículo original de The Latin American Post